Sin duda esta va a ser una de las salidas de muchas empresas. La rehabilitación energética permitirá adaptar el parque inmobiliario a las nuevas demandas en materia de eficiencia.  Las casas que consuman más perderán valor. Todo se verá.

Fuente: El Mundo – Pedro Cáceres | Madrid

Mejorar la eficiencia energética de los hogares, responsables de la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, no sólo ahorraría electricidad, gas y dinero, sino que paliaría el cambio climático. El Código Técnico de la Edificación (CTE), la norma reguladora de la construcción en España, obliga a incluir medidas de ecoeficiencia, pero ha llegado tarde. El nuevo CTE, que obliga a emplear los sistemas de eficiencia más modernos, entró en vigor en 2007. Sólo las casas construidas a partir de 2008 incorporan esas exigencias. Y es tarde porque, ya se sabe, ahora mismo se inician muy pocas viviendas en España.

Según los expertos, los millones de casas entregadas durante el boom inmobiliario distan mucho de las necesidades de los tiempos actuales de escasez de energía y cambio climático. La fiesta urbanística de los últimos años ha dejado ese legado y, además, ha terminado en resaca: la crisis se está cebando en el ladrillo, que llegó a suponer el 18% del PIB español y ahora es un sector de gran destrucción de empleo.

Estas circunstancias están generando un movimiento en favor de la rehabilitación de viviendas. Ya que una de las recetas del Gobierno contra la crisis es generar obra pública para crear empleo, muchos abogan por destinar parte a reformar construcciones. Se trataría de mejorar las casas existentes y no construir más ocupando más suelo todavía.
Rehabilitar en tiempos de crisis

El mes pasado, el Observatorio de la Sostenibilidad en España organizó en Madrid un foro titulado Sostenibilidad y edificación. Rehabilitar en tiempos de crisis, en el que participaron representantes sindicales, de las empresas constructoras, de la administración local, autonómica y del Estado y del colegio de arquitectos.

El moderador del encuentro, Domingo Jiménez Beltrán, ex director de la Agencia Europea del Medio Ambiente, presentaba el asunto del siguiente modo: «España tiene el mayor patrimonio construido por persona de Europa. Son 25 millones de viviendas, que equivalen a casi una por cada dos habitantes». Según Beltrán, para «salir de la crisis y crear empleo» lo que habría que hacer es «construir sin destruir, invertir en en soluciones y no en problemas».

En 2008, Jiménez Beltrán presentó un proyecto junto a Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos y a Joaquín Nieto, presidente de honor de SustainLabour para ponerse a la tarea. Ese plan proponía mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética en 2.250.000 viviendas y 150.000 edificios a lo largo de cuatro años. Se trataba de hacerlos más habitables, mejorando el comportamiento térmico de su envolvente e instalando energías renovables.

Para los autores del plan, además de reducir la dependencia energética y la factura mensual, se podrían crear 390.000 empleos. Concluidas las obras se ahorraría cada año 2.700 millones de euros en compra de petróleo y 160 millones en pago español de emisiones de CO2.

El arquitecto Carlos Hernández Pezzi insiste en la necesidad de lavarle la cara al parque actual: «Hemos hecho 500.000 viviendas al año y, hasta la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación en 2007, todas son mejorables. Tenemos un parque reciente e ineficiente. Hemos creado mucho espacio inútil e insostenible». Para Pezzi, intentar hacerlas más verdes es «una empresa titánica» pero que merece la pena.
Un yacimiento de empleo

Llorenç Serrano, secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, cree que la rehabilitación es un gran yacimiento de empleo superior a las infraestructuras, puesto que éstas «generan mucho menos empleo que la modernización de viviendas».

Todos coinciden en los objetivos. Lo difícil es la puesta en práctica. Porque los grandes planes afectan a individuos y propietarios reales, personas que deben afrontar la obra en su casa. Y aunque tengan ayudas de la administración no lo cubren todo. El ahorro futuro no basta para afrontar el gasto inmediato.

Valentín Alfaya, director de Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial, sabe bien lo difícil de la tarea. Su compañía tiene un producto específico para la reforma verde de edificios. Pero esa rama del negocio no ha despuntado como esperaban porque, a la hora de la verdad, las comunidades de vecinos no dan el salto adelante.

Y sin embargo, en un sector en crisis, aparecen todo tipo de iniciativas que caminan hacia el ecoladrillo. El grupo internacional Bureau Veritas acaba de presentar en España su iniciativa Green Rating, una auditoría sobre el rendimiento ambiental de los edificios que, según su responsable, Alejandro Cobos, «es una herramienta para adoptar las decisiones de mejora». Otras, como la consultora Jones Lang LaSalle, asesoran a los propietarios para adaptar los inmuebles al ahorro energético y conseguir certificaciones de calidad energética.

Para Mark Reynolds, director de gestión de la consultora, un edificio puede ahorrar un 30% de energía y hasta un 50% de agua con las mejoras y sobre todo «aumentar su valor como activo» gracias a ello. Como se ve, en el fondo, la ecología y la economía acaban siendo la misma cosa. Lo complicado es ponerse en la práctica a construir bien las cosas… o reconstruirlas. La demanda es que la Administración ayude a conseguirlo.
El Plan Renove del Ministerio de Vivienda

Según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, la rehabilitación energética de edificios tiene un importante papel en la lucha contra el cambio climático. Durante un encuentro celebrado a final de 2008 con homólogos europeos, la dirigente afirmó que además de los beneficios sobre la calidad de vida y el medio ambiente, es una política económicamente conveniente porque es intensiva en mano de obra, es tecnológicamente avanzada e impulsa el desarrollo de otras industrias y servicios».

El Plan Renove del Ministerio de Vivienda pretende destinar 4.000 millones de euros a mejorar 470.000 hogares generando 300.000 puestos de trabajo.

Las ayudas para mejorar el aislamiento, instalar sistemas de ahorro de energía y agua y dotar de paneles solares a las viviendas las pueden pedir los propietarios, las comunidades de vecinos y los inquilinos autorizados por el dueño.

Las subvenciones podrán llegar a 3.400 euros, e incluso 6.500 euros si la vivienda se destina al alquiler. Las comunidades de propietarios podrán obtener un préstamo igual al coste de las obras y solicitar una subvención de hasta 1.100 euros por vivienda. Además, cada propietario podrá acceder a otras ayudas, como una subvención de hasta 2.700 euros.

En las viviendas nuevas está vigente el nuevo Código Técnico de la Edificación, que entró del todo en vigor en marzo de 2007 y actualizó el anterior, de 1979. Exige unos rendimientos energéticos mínimos de la vivienda y obliga a que una parte de la energía demandada por el edificio tenga un origen solar renovable. Lo que supone la instalación de paneles para el agua caliente sanitaria, por ejemplo.

Según el subdirector general de Innovación y Calidad de la Edificación, Javier Serra, el nuevo código logra que la energía demandada por los edificios se reduzca entre un 25% y un 35% sobre el nivel de la normativa anterior.

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Beatriz Corredor, ministra de Vivienda, señaló como salidas a la crisis nuevos mercados como por ejemplo el de la vivienda protegida, el de la rehabilitación, la sostenibilidad o las nuevas tecnologías. «Las empresas, tanto constructoras como auxiliares, que en estos momentos apuesten por la modernización serán las que se encuentren en mejor posición para encarar la nueva etapa», manifestó.

El código técnico de edificación, que entrará en servicio plenamente el próximo jueves, triplicará el aislamiento acústico en los hogares, según anunció la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en el Salón Construmat.

 Corredor aseguró que de esta manera «se ganará en calidad de vida» ya que las viviendas quedarán más aisladas y protegidas de los ruidos, y se abrirá un nuevo sector en el mercado de la construcción, afectado especialmente por la crisis económica.

La ministra de Vivienda apuntó que con la nueva normativa se evitará que los ciudadanos «escuchen el taconeo de los vecinos, la música o la televisión del vecino de la casa de al lado, los coches de la carretera o el ascensor».

El texto que entrará en vigor el próximo jueves supera la normativa de 1988 e introduce «sustanciales mejoras», según Corredor.

En el ruido aéreo, que es el que supone oír, por ejemplo, las voces del piso contiguo, se aumenta la exigencia de aislamiento de 42 a 50 decibelios. En relación con los impactos, se reduce el ruido percibido entre viviendas de 88 a 65 decibelios.

Corredor señaló que la nueva normativa introduce dos cambios. Por un lado, el nivel de ruido no se medirá, a partir de ahora, en laboratorio sino «in situ», en la propia vivienda y, por otro lado, las exigencias de insonorización frente al ruido exterior dependerán de la zona en la que se ubique la casa para garantizar los mismos niveles de silencio a todos los ciudadanos.

Corredor subrayó que las medidas se aplicarán en las viviendas de nueva construcción y también en las antiguas, que se podrán ir adaptando de manera progresiva.

La ministra consideró que «es un error retirarnos a los cuarteles de invierno a esperar a que pase la crisis para después salir porque es evidente que la situación no volverá a ser como antes». «Debemos salir reforzados de esta crisis, adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado y al nuevo mercado económico», dijo.

Beatriz Corredor señaló como salidas a la crisis nuevos mercados como por ejemplo el de la vivienda protegida, el de la rehabilitación, la sostenibilidad o las nuevas tecnologías. «Las empresas, tanto constructoras como auxiliares, que en estos momentos apuesten por la modernización serán las que se encuentren en mejor posición para encarar la nueva etapa», manifestó.

Fuente: La Vanguardia

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